Nota del autor
Escribo estos dos artículos porque me preocupa el destino de la región de Guayana, en Venezuela, y porque de su experiencia de desarrollo pueden extraerse lecciones para otras regiones y polos de desarrollo de América Latina. Entre 1982 y 2003 tuve entre mis clientes, como consultor, a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus empresas. Participé en reestructuraciones y actividades de desarrollo organizacional, formación de equipos gerenciales, asesoría para la privatización de la Siderúrgica del Orinoco y reorganización regional y sectorial de la entidad matriz de la Corporación Venezolana de Guayana. Trabajé con excelentes profesionales comprometidos con el desarrollo de Venezuela y conocí de cerca sus avances y frustraciones.
Frente al portón de una siderúrgica
En marzo de 2026, los trabajadores de las industrias básicas marcharon por las avenidas de Puerto Ordaz. Partieron de la plaza que honra a la Corporación Venezolana de Guayana, pasaron frente a su edificio sede y terminaron en la Plaza del Hierro. Semanas después, otra multitud caminó desde el peaje de Ciudad Guayana hasta el Portón 0 de Sidor. Los reclamos eran distintos, pero el escenario era el mismo: un complejo industrial que alguna vez simbolizó el futuro de Venezuela y que hoy opera muy por debajo de su capacidad.
Los recursos, por sí solos, no producen desarrollo: Guayana lo muestra con una claridad poco común en América Latina. Pocas regiones reúnen tanta energía, mineral, agua y experiencia industrial acumulada. ¿Qué pasó entre la promesa y el presente? ¿Qué queda en pie y qué podría construirse sobre ello? Esta primera entrega se ocupa de lo que pasó y de lo que queda en pie; la segunda, de lo que podría construirse. Ambas buscan responder sin nostalgia y sin resignación.
Un territorio más grande que muchos países
Cuando decimos Guayana hablamos de la mitad sur de Venezuela: los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, unos 450.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio nacional. Allí se asienta el escudo guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, coronada por los tepuyes y atravesada por el Orinoco, el Caroní, el Caura y el Ventuari. Es tierra de pueblos originarios —pemón, ye’kwana, warao, yanomami, kariña, entre otros— que la habitaban mucho antes de que alguien la imaginara como reserva de minerales.
Conviene distinguir dos escalas. La región es selva, sabana, río y montaña, con densidades de población muy bajas. Ciudad Guayana, en cambio, es una aglomeración de casi un millón de habitantes en la confluencia del Caroní con el Orinoco, nacida de una decisión deliberada de planificación. Buena parte de la historia moderna de Guayana se juega en la tensión entre ambas escalas: una ciudad industrial que mira al mundo y un territorio inmenso que el país casi siempre miró como despensa.
De El Dorado al polo de desarrollo
El pasado de Guayana empieza con un mito. Desde el siglo XVI, exploradores españoles e ingleses buscaron en sus ríos la ciudad de oro de El Dorado. Santo Tomé de Guayana, fundada a fines de ese siglo, fue saqueada en 1618 por una expedición enviada por Walter Raleigh, y el asedio de corsarios terminó por trasladar a sus pobladores, en 1764, a Angostura, la actual Ciudad Bolívar. Allí se reunió en 1819 el congreso que dio forma a la Gran Colombia. Guayana fue, desde temprano, frontera y retaguardia: un lugar desde donde se pensaba el país.
El mito del oro cedió paso a una realidad más pesada: el hierro. Los grandes yacimientos de El Pao y del cerro Bolívar, descubiertos en la primera mitad del siglo XX, atrajeron a filiales de las siderúrgicas estadounidenses, que construyeron ferrocarriles, puertos y campamentos para exportar el mineral. Puerto Ordaz nació como campamento minero; San Félix era el pueblo antiguo a la otra orilla del Caroní.
El salto ocurrió entre 1960 y 1961. El Estado creó la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y fundó Ciudad Guayana uniendo ambos asentamientos. Para diseñarla convocó al Centro Conjunto de Estudios Urbanos de Harvard y el MIT. La idea, inspirada en las teorías de los polos de desarrollo, era clara: concentrar en un punto la energía hidroeléctrica del Caroní y los minerales del sur para levantar una base industrial que diversificara una economía dependiente del petróleo.
Durante dos décadas la apuesta pareció funcionar. Se construyó por etapas la represa de Guri, una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, que llegó a superar los 10.000 megavatios y a abastecer la mayor parte de la electricidad del país. Sidor se convirtió en la principal siderúrgica nacional; Alcasa, Venalum y Bauxilum integraron una cadena del aluminio que iba de la bauxita al metal; Ferrominera asumió la explotación del hierro tras la nacionalización de 1975. Guayana fue además una de las pioneras mundiales en la reducción directa del mineral de hierro con gas natural. Llegaron ingenieros, técnicos y obreros de todo el país y de otras latitudes. La ciudad creció con una mezcla poco común de planificación, oficio y movilidad social.
Por qué un buen diseño no bastó
Un polo de desarrollo es como un motor: necesita combustible, pero también transmisión, mantenimiento y alguien que sepa conducirlo. Guayana tuvo combustible de sobra. Lo que falló, de manera gradual y acumulativa, fue lo demás.
Tres fallas se reforzaron entre sí. Primero, la dependencia casi completa del Estado como inversionista, operador y cliente: la caída del petróleo en los ochenta dejó deudas, tarifas políticas y decisiones más fiscales que productivas. Segundo, una cadena incompleta: se exportaban acero, aluminio y mineral con poca manufactura de mayor valor. Tercero, la pérdida de autonomía técnica de la gerencia. La privatización de Sidor en los noventa y su reestatización en 2008 fueron respuestas opuestas al mismo problema persistente: faltaban reglas estables para gobernar activos de largo plazo.
Lo que siguió fue un deterioro conocido. Controles de precios y de cambio, desinversión, pérdida de personal calificado y una gestión cada vez más politizada redujeron la producción de acero y aluminio a niveles mínimos. Los apagones nacionales de 2019, originados en el sistema de Guri, revelaron que también la joya energética había quedado sin mantenimiento suficiente. Al mismo tiempo, el decreto del Arco Minero del Orinoco, en 2016, abrió más de 100.000 kilómetros cuadrados a la extracción de oro, coltán y otros minerales. En la práctica, buena parte de esa actividad se expandió en la informalidad, con deforestación, contaminación por mercurio, violencia de grupos armados y presión sobre las comunidades indígenas. El mito de El Dorado volvió, pero sin ciudad que lo sostuviera.
La lección no es que la planificación haya sido un error. Es que planificar el territorio no equivale a gobernar la producción. Ciudad Guayana fue diseñada con esmero; la administración productiva de sus recursos, en cambio, quedó expuesta a los vaivenes de la renta y de la política.
Lo que enseñaron dos décadas de reformas
Entre la crisis de la deuda de comienzos de los ochenta y el cambio de siglo, la CVG intentó conciliar dos funciones que convivían mal: conducir el conglomerado industrial y promover el desarrollo regional. Las empresas básicas emprendieron reestructuraciones financieras y organizativas, desarrollo organizacional y formación gerencial; en los noventa se privatizó Sidor. La distancia permite distinguir los resultados de ese ciclo de sus frustraciones.
Lo que funcionó tiene un rasgo común: la construcción de capacidades. Los equipos gerenciales formados en esos años, la disciplina técnica de las plantas y la cultura de planificación de la CVG fueron activos reales. Cuando hubo continuidad en la dirección y metas claras, las reformas tendieron a dar resultados.
Las frustraciones siguen un patrón: las reestructuraciones financieras aliviaban deudas sin cambiar siempre el gobierno de las empresas, y los problemas regresaban; la rotación política desarmaba los equipos y debilitaba la formación gerencial. La privatización de Sidor trasladó la gestión a operadores privados, pero no resolvió sus vínculos regionales ni con las cadenas aguas abajo, y dejó su legitimidad expuesta al siguiente giro político. La reorganización de la CVG volvió al dilema sin respuesta estable: ¿quién gobierna el desarrollo regional cuando su principal actor es también su principal empresario?
De ese ciclo quedan tres lecciones. Las reformas que no cambian el gobierno de las organizaciones duran lo que dura la crisis que las motivó. Las capacidades gerenciales se pierden más rápido de lo que se construyen si no hay reglas que protejan su continuidad. Y ninguna transformación sectorial se sostiene sin una contraparte regional que la haga propia.
Una ciudad que resiste
El presente de Guayana tiene dos caras. Una es la del desgaste: plantas operando muy por debajo de su capacidad, trabajadores que reclaman salarios, pasivos laborales acumulados durante años y accionistas obreros de Sidor que todavía esperan el pago de acciones compradas con su propio esfuerzo. A lo largo de 2026, las movilizaciones sindicales frente a la CVG se volvieron frecuentes, en un país que atraviesa un cambio político incierto y ahora se encuentra bajo tutela extranjera.
Ciudad Guayana conserva, sobre todo, un saber hacer: miles de técnicos, ingenieros y operarios —también emigrados— conocen las acerías, las celdas de aluminio y las plantas de reducción directa. Ese capital humano, disperso y envejecido, es tal vez su activo más valioso y frágil. Lo sostiene una infraestructura que ninguna región puede improvisar: represas en el Caroní, puertos fluviales en el Orinoco, el puente Orinoquia, zonas industriales equipadas y universidades de tradición técnica. Es la otra cara del presente: menos visible, pero igual de real.
Entre ambas caras se mueve una economía cotidiana de pequeños talleres metalmecánicos, comercios, servicios y emprendimientos que sobrevivieron a la caída de las grandes empresas. Son la prueba de que la ciudad no es solo sus industrias básicas, y quizá el punto de partida más realista para cualquier recuperación.
Ese punto de partida, sin embargo, está atado a anclas que mantienen a la región en el fondo. La primera es el crimen. Grupos armados, redes de extorsión y economías ilícitas controlan parte de la minería del sur y condicionan la vida de comunidades enteras, incluidos los pueblos indígenas. Donde el crimen fija las reglas, no hay inversión seria, ni empleo digno, ni cuidado del territorio.
La segunda es la captura de los activos públicos. Durante años, empresas, concesiones y recursos de la región se han entregado a políticos, militares y operadores extranjeros con una mentalidad puramente extractivista: obtener lo máximo en el menor tiempo, sin límites morales ni rendición de cuentas a la nación. Esa lógica no es una variante del desarrollo; es su negación. Convierte el patrimonio común en botín y deja detrás plantas desmanteladas, ríos contaminados y una ciudadanía que aprende a desconfiar.
Soltar esas anclas es una tarea anterior a cualquier plan productivo. Exige recuperar el control efectivo del territorio, revisar y hacer públicos los contratos y concesiones otorgados, auditar el destino de los activos, establecer responsabilidades y someter toda nueva asociación, nacional o extranjera, a reglas conocidas y a la fiscalización de la nación. Sin ese saneamiento, la recuperación no es difícil: es imposible.
Entre la promesa y lo que viene
El recorrido deja una conclusión incómoda y esperanzadora: el deterioro no fue azar ni falta de recursos, sino el efecto acumulado de gobernar mal activos que exigían reglas estables, gerencia profesional y vínculos maduros entre empresas y región. Pero esas fallas pueden corregirse, y la infraestructura, el oficio y la memoria institucional construidos no han desaparecido del todo.
Queda abierta la pregunta de qué hacer con lo que sigue en pie. ¿Hacia dónde puede moverse Guayana en los próximos quince años? ¿Qué cambió en el mundo desde que se fundó Ciudad Guayana? ¿Qué tendría que cambiar en la forma de gobernarla para volver a avanzar? De eso tratará la próxima entrega.